#JYDNación
Bogotá. En concordancia con los lineamientos de los ministerios de Defensa y Medio Ambiente, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), se llevó a cabo una acción operativa que permitió contrarrestar la extracción ilícita de yacimientos mineros en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
Durante más de un mes de intervención se logró, en una primera fase, la desarticulación de una estructura de delincuencia común organizada denominada GOLDEN CLIFF, con la captura por orden judicial de 11 personas, que coordinaban la explotación ilícita de oro en el área protegida, comercializándolo en las ciudades de Cali y Pereira. Adicionalmente, se logró la aprehensión preventiva de 23 semovientes, los cuales eran utilizados para el transporte logístico de los mineros ilegales.
Las fases posteriores se enfocaron en la intervención de tres frentes mineros ilegales al interior del parque, logrando implosionar, controladamente, 11 socavones, específicamente en los lugares conocidos como ‘La Martínez’, ‘El Feo’ y ‘Patequeso’. Así mismo, se hizo efectiva la captura en flagrancia de cinco personas, por los delitos de violencia contra servidor público, explotación ilícita de yacimiento minero e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
El resultado de esta actividad operacional tiene un importante impacto en la conservación de esta área protegida y en la afectación a las economías criminales derivadas de las actividades de minería ilegal en el Valle del Cauca. La maquinaria y los equipos destruidos estarían valorados en más de 5.000 millones de pesos.
El despliegue institucional permitió la salida del Parque Nacional Farallones de cerca de 800 personas, que ejercían la actividad de extracción ilícita, generando impactos ambientales negativos en los ecosistemas de esta área. Adicionalmente, estarían deteriorando los afluentes hídricos, impactando en la fauna y flora del sector y el departamento. Aunado a lo anterior, se presenta el maltrato de semovientes que son utilizados para el acceso al parque.
Se estima que estos frentes mineros ilegales lograban extraer mensualmente cerca de 83.000 gramos de oro, valorados en 15.000 millones de pesos, finanzas criminales que también estarían financiando grupos armados ilegales, que cobran por permitir esta actividad ilegal.
“Este tipo de operaciones son de gran importancia para la protección del medio ambiente, toda vez que la minería ilegal contamina fuentes de agua con químicos nocivos, poniendo en riesgo la salud humana y el equilibrio ecológico”, afirmó el general William Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional, haciendo énfasis en que, de esta manera, se protege el hábitat y se contribuye al bienestar de las comunidades circundantes, demostrando el compromiso del Gobierno Nacional con la protección ambiental y la seguridad pública.
Desempeño Institucional contra la extracción ilícita de minerales en el país 2023
En el marco de la Estrategia Institucional contra la Extracción ilícita de Yacimientos Mineros (EIMIL), en lo corrido del año 2023 se han llevado a cabo en el territorio nacional 827 operaciones, lo que representa 2,2 operaciones por día, logrando intervenir 3.482 minas.
Estas actividades operacionales han permitido llevar ante las autoridades judiciales a 1.114 personas por este fenómeno delictivo, así como la destrucción de 146 retroexcavadoras, 310 dragas y 760 motores. Adicionalmente, se ha logrado la incautación de 172 excavadoras, 193 dragas, 1.289 motores, 37 kilogramos de oro, 100 kilogramos de mercurio y 873 kilogramos de explosivos.
Estos resultados representan una afectación a las finanzas criminales cercanas a los 302.826 millones de pesos (75,8 millones de dólares).
Una de las organizaciones criminales que más afecta la riqueza natural del país es el ‘Clan del Golfo’. Por eso, coordinación con la Fiscalía General de la Nación se han realizado 69 operaciones contra estructuras multicrimen dedicadas a la extracción ilícita de yacimientos mineros en el territorio nacional; lo que permitió la ejecución de 80 capturas de determinadores, quienes estarían constriñendo a población vulnerable para estas actividades.
Derivado de las operaciones realizadas se adelantaron siete procesos de extinción del derecho de dominio, afectando el emporio económico mediante la aplicación de medidas cautelares a 86 bienes muebles e inmuebles, que alcanzan un valor aproximado de 65.000 millones de pesos.
Paralelamente, se realizaron tres operaciones de carácter trasnacional, coordinadas con países como Estados Unidos, Turquía, Italia y Emiratos Árabes, afectando organizaciones criminales dedicadas a la exportación de oro, que permiten una afectación a la cadena delictiva desde la explotación hasta la comercialización.
Desempeño Institucional para la protección del medio ambiente en el país 2023
Para la protección de los activos de fauna y flora en el país se han desarrollado 68 operaciones estructurales, que permitieron la captura de 338 personas por orden judicial, dentro de los cuales se encontrarían determinadores y financiadores de delitos medioambientales. De estas operaciones, ocho se ejecutaron para la contención de la deforestación, desplegadas en áreas protegidas, como los Parques Nacionales Naturales Chiribiquete, Paramillo, Serranía de los Yariguies, La Paya, Puré, Amacayacu, Farallones y Nukak Makú.
Para la protección de las especies en peligro de extinción se resaltan dos actividades operacionales, mediante las cuales se desarticularon estructuras que venían generando aprovechamiento ilícito de recursos naturales de especies marinas, como tortugas y tiburones, los cuales eran comercializadas para consumo humano y que se encuentran en peligro de extinción.
Las finanzas criminales que se lograron afectar con el desarrollo de estas actividades alcanzan los 403.150 millones de pesos, representados en la destrucción de infraestructura e incautaciones de hidrocarburos producto de apoderamiento, así como las incautaciones de fauna producto de redes que se dedican a su tráfico y la incautación de recurso forestal en general.
Las actividades operacionales se han venido desarrollando a partir de la integración con agencias internacionales y cuerpos de policía extranjeros, en un trabajo articulado con INTERPOL, AMERIPOL, Red Jaguar, Policía Federal de Brasil y Policía del Ecuador, entre otras.
Impactos ambientales
Con los resultados obtenidos en la vigencia 2023 se ha evitado la deforestación de 57.240 hectáreas de bosque y la remoción de 2,7 millones de toneladas de tierra, con la destrucción e incautación de las 318 retroexcavadoras.
Además, se evitó que se arrojaran cerca de 36 millones de gramos de mercurio a las fuentes hídricas del país, dejando de contaminar 21,6 billones de litros de agua, con la incautación y destrucción de 503 dragas.
La incautación de 24,5 millones de galones derivados del petróleo previno la contaminación de 46 billones de litros de agua.