La Corte Constitucional propone que el expediente que se adelanta contra Uribe por presunta compra de testigos, vuelva al alto tribunal
JYD. Judiciales Nacíon
El magistrado Alejandro Linares presentó una ponencia ante sus compañeros de la Corte Constitucional para que el expediente del expresidente Álvaro Uribe, que hoy tiene la Fiscalía, pase nuevamente a manos de la Corte Suprema de Justicia.
Según se ha podido conocer, la ponencia propone regresar el expediente al alto tribunal “tras hacer un debate sobre quién tiene la titularidad de la acción penal en Colombia, cuando un aforado ha renunciado a su fuero constitucional y si ello implica que se ‘caiga’ todo lo adelantado por la Corte en fase de instrucción como lo son pruebas, indagatoria y/o la medida de aseguramiento”.
La ponencia de Linares se discute, “el Acto Legislativo 01 de 2018 que creó la doble instancia para congresistas y fijó como función de la Sala de Instrucción ‘investigar a juzgar a miembros del Congreso’, que sostiene que los delitos que cometan los congresistas deben ser conocidos únicamente por la Corte y señala que solo cuando hayan ‘cesado’ en el ejercicio del cargo, sin hacer referencia expresa a la renuncia, mantendrán su fuero para casos de delitos relacionados con las funciones desempeñadas”.
También pone sobre la mesa el artículo 250 de la Constitución, que le da a la Fiscalía el mandato para adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar las investigaciones de delitos y acusar a los presuntos responsables.
Además se conoció que esta ponencia no tendría el respaldo suficiente en la Corte Constitucional y en cambio, los magistrados sí estarían de acuerdo en respaldar la tutela que interpuso el expresidente en contra del juzgado cuarto penal del circuito de conocimiento de Bogotá que le imputó los cargos de fraude procesal y soborno a testigos.
Así las cosas, si la Corte respalda la tutela y no la ponencia del magistrado Linares, el proceso que se adelanta contra el expresidente podría archivarse y todo debería empezar de cero.
Es de resaltar que una vez el caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía tras la renuncia de Uribe al Senado, este pensó que se quedaría sin efecto la indagatoria que le practicó el alto tribunal, pero un juez de la República decidió mantener viva esa indagatoria y la equiparó a una imputación. Por eso mismo, la defensa del político interpuso la tutela.
En medio de las audiencias que se adelantan en la justicia ordinaria, el abogado de Iván Cepeda, víctima dentro del caso, presentó 22 testimonios ante el juez 28 penal pidiendo que se negara la solicitud de la Fiscalía de archivar el proceso.
Según el abogado, el fiscal Gabriel Jaimes, quien hizo la solicitud de preclusión, ha ignorado las pruebas que se han presentado en el proceso y no ha admitido su magnitud, por lo cual la petición carecería de fundamento. Agregó que ha hecho caso omiso a más de 20 testimonios de exparamilitares que han declarado alguna relación entre Uribe y las AUC.
El penalista recordó uno de los testimonios más sonados desde que inició el caso, el de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien habría pertenecido al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, y habría asegurado que tanto el expresidente como su hermano, Santiago Uribe, fundaron esa estructura paramilitar.